Menores tutelados en un centro de Tortosa para jóvenes en riesgo de exclusión podían estar siendo utilizados para grabar encuentros sexuales y negociar con ello a través de internet. ¿Alguien recuerda las denuncias sobre el centro de Castellon y el Bar España?(http://alcantarillasocial.com/caso-del-bar-espana/)(http://iniciativadebate.org/2016/04/18/caso-bar-espana-supuestas-victimas-acusan-carlos-fabra-violacion-asesinato/)
Esperemos que los jueces en Cataluña no se plieguen a las presiones del poder político.
La Policía se plantea actuar contra los clientes
DIARIO LEVANTE EL MERCANTIL VALENCIANO 2016 AGOSTO 10
IGNACIO CABANES
LA VANGUARDIA.COM 11 AGOSTO 2016 Redacción
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20160811/403850406277/pornografia-infantil-ninos-tutelados-generalitat.html
El Govern ha anunciado su intención de personarse como acusación particular en la causa y el Síndic le pide explicaciones
¿Qué falló para que una organización criminal consiguiera captar y abusar sexualmente de menores tutelados por la Generalitat para vender las imágenes por todo el mundo?
Esta es la pregunta que deberán responder los responsables de la
Conselleria de Treball, Afers Socials i Família tras destaparse que una red recientemente desmantelada por los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil explotó durante años niños
procedentes de entornos marginales que vivían bajo el paraguas de la
Administración catalana, hijos de inmigrantes y familias que viven en la
calle.
Las primeras reacciones exigiendo responsabilidades por este
escándalo no han tardado en llegar. La primera institución que ha tomado
cartas en el asunto ha sido el Síndic de Greuges, que ha abierto
una actuación de oficio para esclarecer qué engranajes de la
administración y de la sociedad dejaron de funcionar para que 29 menores
en situación de vulnerabilidad – 26 de ellos residentes en Catalunya-
cayeran en las redes de la trama criminal, al igual que 51 niños más que
también fueron víctimas de la organización pedófila.
El Síndic Rafael Ribó ha pedido a la conselleria de Interior y a la
Direcció General d’Atenció a la Inància i l’Adolescència (DGAIA) de la
Generalitat que le detallen las circunstancias que han llevado a estos
menores a sufrir malos tratos sexuales. En este sentido recuerda que la
responsabilidad de la DGAIA es proteger a los niños y
adolescentes que están bajo su tutela y garantizarles el bienestar
necesario para hacer posible su máximo desarrollo personal.
Además de esta institución, que vela por proteger a las personas ante
la inacción o las malas prácticas de las administraciones, la diputada
de Ciutadans (C’s), Sonia Sierra, ha solicitado hoy la
comparecencia de la consellera de Treball, Afers Socials i Família,
Dolors Bassa. Sierra le ha pedido que dé explicaciones sobre la
actuación de la DGAIA y cualquier entidad supervisada por la Generalitat
que pueda tener algún tipo de responsabilidad en un caso de presuntos
delitos penales contra la dignidad y la integridad de menores de edad en
Catalunya.
Distribución a nivel mundial
La red captaba a menores desamparados en las calles de ciudades
españolas y Marruecos, de entre 12 y 17 años, para grabar, editar y
vender vídeos de pornografía infantil a través de internet y
correo postal a 300 clientes de distintos lugares del mundo. La
organización consiguió recaudar de este modo más de 80.000 euros.
Los abusadores sometían a los menores a prácticas sexuales, con
adultos, con otros menores e, incluso, con animales, a cambio de dinero,
alcohol y drogas, a veces sin su consentimiento. En algunas ocasiones
las víctimas no eran conscientes de que estaban siendo filmadas por
cámaras ocultas.
Los integrantes de la organización, que ya están en la cárcel,
actuaron de manera impune durante 15 años –en un intervalo de tiempo
comprendido entre los años 2000 y 2015- hasta que la DGAIA, dependiente
de la Generalitat, alertó a los Mossos al detectar una situación de
riesgo en un centro residencial de acción educativa de Tortosa.
Por su parte, la Generalitat ha comunicado que su intención es
personarse como acusación particular en la causa contra los siete
detenidos de la trama. Mientras que la investigación del caso continúa y
la policía se plantea actuar contra los centenares de clientes que
compraron, descargaron y visionaron el material delictivo que les
proporcionó la organización criminal.
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